CADENA NEW noticias – Un informe realizado por Amnistía Internacional Argentina y relativizado por las autoridades nacionales, advierte sobre un “uso excesivo de la fuerza”, contabiliza –de manera aproximada– más de mil heridos en las protestas y denuncia una comunicación por parte del Gobierno que avala la “represión”. “Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión”, señala el texto. “El 2024 no fue un buen año para expresar el disenso en las calles”, se afirma.
El informe reúne el testimonio de manifestantes afectados, las respuestas del Ministerio de Seguridad a muchos de sus pedidos de acceso a la información pública, y una línea de tiempo con las protestas relevadas, en las que se contabilizaron 1155 heridos. Se omiten, sin embargo, los desmanes que marcaron algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar frente al Congreso en rechazo a la Ley Bases, en la que, entre otros excesos, se prendió fuego un móvil de Cadena 3.
La receta del Ministerio de Seguridad para mantener la vía pública liberada durante las protestas callejeras contó con dos elementos claves. En el amanecer de su gestión y con el objetivo de desinflar el poder de fuego de las organizaciones sociales, la ministra Patricia Bullrich habilitó una línea telefónica para que los beneficiarios de los planes sociales que se sintieran forzados a marchar pudieran denunciar de manera anónima la presunta extorsión. Algunos de esos llamados cimentaron la causa que se encamina a juicio oral y tiene procesado a Eduardo Belliboni junto a más de una decena de dirigentes del Polo Obrero.
La otra pata del plan fue el “protocolo antipiquetes”, estrenado por la ministra Bullrich en primeras horas de gestión, y que se hizo cumplir a rajatabla en territorio porteño, epicentro de muchas de las protestas callejeras.
Su puesta en marcha fue objeto de rechazo por parte de Amnistía Internacional, que remitió sus preocupaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas en julio y octubre con sendas cartas, respectivamente. Para el organismo, el protocolo “parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden público”, dice una de las misivas, “y fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación, libertad de expresión y de protesta social”.
“Observamos el uso abusivo y desproporcionado de gases lacrimógenos y balas de goma, así como el uso de bastones o ‘tonfas’, por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, dice el informe.