CADENA NEW noticias – El gobierno de Javier Milei modificó por decreto la ley 25.871 que regula la política migratoria argentina, los derechos y obligaciones de los extranjeros y las atribuciones del Estado. Los cambios introducidos endurecen el acceso a la ciudadanía y las deportaciones, habilitan el arancelamiento del sistema sanitario y dan pie a las universidades a que, si lo desean, cobren por el servicio a los extranjeros.
Hasta ayer, la normativa expresaba que quienes pisen suelo argentino y no sean nativos no estaban «obligados» a admitir la ciudadanía, «ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias». La nacionalización la obtenían «residiendo dos años continuos en la Nación», con la posibilidad de que se puedan acortar los tiempos «alegando y probando servicios a la República”.
El objetivo que perseguía era el fomento de la inmigración «a los efectos de poblar el territorio nacional y enriquecer su cultura». Así, señalaba que «en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo», sea del grado y sector que fuera. Mientras que, a nivel sanitario disponía: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.