CADENA NEW noticias – Cuando el jueves pasado terminó la sesión que expulsó al senador Edgardo Kueider, la vicepresidenta Victoria Villarruel solicitó que se trate el congelamiento de las dietas de los senadores, que se actualizarán automáticamente el 1° de enero.
“Yo no soy senadora, solo facilito las condiciones para el tratamiento y la discusión de este tema, pero no soy la que toma las decisiones. Entendiendo el esfuerzo inmenso que está haciendo la población, desde lo económico, creo que debemos estar a la altura y por eso deben estar congeladas las dietas de los senadores”, dijo ante los periodistas en el Salón de las Provincias.
A partir de 2025, los senadores, con la excepción de Edgardo Kueider que fue expulsado del plantel, volverán a la vigencia de la resolución que aprobaron en abril pasado, a mano alzada y sin discusión.
Sin diferencias políticas, establecieron y concatenaron sus dietas a los ingresos de las máximas categorías de los empleados legislativos. La conformación de estas se establecerá a partir de la cantidad de módulos, y un adicional. Quedarán conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos para gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo (esto solo lo cobran los senadores que viven a más de 500 Km del Congreso). Además, le agregaron la dieta número 13 que compensaría el ingreso como aguinaldo o sueldo anual complementario.
El ingreso actual de un senador sumando la dieta y los gastos de representación supera los siete millones de pesos. En algunos casos se incrementa por el pago por desarraigo, principalmente en aquellos legisladores del interior del país.
Proyecto de UxP
En medio de esta polémica, que se dio a lo largo del 2024, el interbloque de Unión por la Patria (UxP), que encabeza José Mayans, presentó una iniciativa para terminar con la polémica referida a los ingresos de los diferentes poderes del Estado. Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial.
En su iniciativa que presentó en abril, Mayans y varios senadores de UxP que lo acompañan señalan que el objetivo es fijar un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades del Estado. Además, establecen un límite a la remuneración de las máximas autoridades.
Se fijan las remuneraciones mensuales del presidente, del vicepresidente, de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los Senadores, de los Diputados, del Procurador General, del Defensor General, de los consejeros de la Magistratura, de Auditores Generales, del Defensor del Pueblo de la Nación y del personal del Servicio Exterior de la Nación, no pueden superar a los veinte Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.
Es decir, que, si se toma la última actualización del salario mínimo, a septiembre de 2024, cuyo monto es de 272 mil pesos, las remuneraciones para las máximas autoridades de los diferentes poderes del estado alcanzarían los 5.440.000 pesos mensuales.